Con sorpresa y estupor, hemos tomado conocimiento público del proyecto de ley presentado por un partido político que pretende modificar la Constitución en sus artículos 191 y 194, con la intención de permitir la reelección de autoridades regionales y municipales, bajo el pretexto de la profesionalización de la carrera administrativa y la optimización de la experiencia adquirida en la labor. Este es un criterio preocupante por cuanto, bajo dicho razonamiento, entonces no sería extraño pensar que en un próximo proyecto se pueda pretender lo mismo a nivel del Congreso y, por qué no, a nivel presidencial, este último ya producido en el país a través del mismo partido político que hoy plantea este proyecto y que permitió por "pura coincidencia" la re-reelección.
Se señala temerariamente que la no reelección impide el cumplimiento de metas y plazos, lo que nos llama poderosamente la atención en tanto ello parecería tratar de justificar el retraso de las actividades de estas autoridades a quienes no les bastaría el periodo para el que fueron elegidos para trabajar. ¿No es suficiente entonces el periodo establecido por ley? Porque, si eso es así, entonces por qué tendría que postular alguien a un puesto tan importante si sabe que no le será suficiente el periodo para ejercer el poder que le fue conferido. Si las autoridades ya tienen un problema de pasividad crónica sobre todo para ejecutar sus presupuestos, ¿cuánto más tendríamos que esperar si es que se les concede la oportunidad de la reelección?
Más pasividad, mayor inercia y la posibilidad de negociar licitaciones y puestos de trabajo serían el común denominador si eso sucediera, por lo que se correría el riesgo de generar instituciones más aletargadas y poco eficientes.
No sabemos si es que el proyecto será aprobado por la Comisión de Constitución como para que luego de ello sea sometido al debate y aprobación del Pleno; sin embargo, consideramos desde ya que aprobarla implicaría retroceder en lo ya avanzado y permitir que ciertos partidos políticos se apoderen de instituciones que deben ser siempre independientes y autónomas, aspectos que podrían poner en riesgo a estas instituciones públicas. Esperemos que este proyecto no prospere por el bien de nuestro país. Humilde opinión.
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