Justicia comunal y la vulneración del derecho de libertad personal

El Perú es un país con una marcada diversidad cultural, donde coexisten múltiples formas de organización social y de administración de justicia. Una de estas instituciones es la justicia comunal, reconocida constitucionalmente en el artículo 149 de la Carta Magna, que permite a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas impartir justicia dentro de sus territorios, de acuerdo a su derecho consuetudinario. Sin embargo, esta facultad reconocida a la justicia comunal ha generado tensiones con respecto a los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad personal, pues en algunas ocasiones las sanciones impuestas por las autoridades comunales han vulnerado este bien jurídico protegido.

Frente a este escenario se requiere un análisis interdisciplinario, integrando perspectivas jurídicas, sociológicas y antropológicas, con el fin de brindar una visión comprensiva de esta problemática y proponer alternativas de solución.

Desarrollo:

1. El marco constitucional de la justicia comunal en el Perú está estipulado en el Art. 149 de la Constitución Política, que reconoce a las autoridades de comunidades campesinas y nativas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial.
2. Este marco normativo ha sido desarrollado a través de la Ley de Rondas Campesinas (Ley N.° 27908) y de diversas jurisprudencias del Tribunal Constitucional. Desde la perspectiva del pluralismo jurídico, la justicia comunal se erige como un sistema paralelo a la justicia ordinaria, que permite a las comunidades campesinas y nativas administrar justicia de acuerdo con sus propias normas y procedimientos. Sin embargo, esta coexistencia de sistemas jurídicos no está exenta de tensiones, especialmente en lo concerniente a la protección de los derechos humanos.
3. Los fundamentos de la justicia comunal y su relación con la vulneración del derecho a la libertad personal se sustentan en principios como la restitución, la reparación y la reconciliación, los cuales se materializan a través de sanciones como la prestación de servicios a la comunidad, el trabajo comunitario, el destierro temporal o el pago de multas. No obstante, estas sanciones pueden entrar en conflicto con el derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 2, inciso 24, de la Constitución Política del Perú y en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Diversos estudios de casos han evidenciado que, en algunos supuestos, las autoridades comunales han impuesto sanciones que restringen la libertad personal de los individuos, sin respetar las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia. Esto ha generado cuestionamientos sobre los límites de la justicia comunal y la necesidad de armonizar este sistema con los estándares internacionales de derechos humanos.
4. Para garantizar los derechos fundamentales frente a esta problemática, es esencial que la justicia comunal actúe con el respeto a los derechos fundamentales.

Podemos plantear las siguientes propuestas:

• Establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal, a fin de delimitar sus respectivas competencias y generar la paz social.
• Fortalecer los sistemas de control y supervisión de la justicia comunal, con participación de la sociedad civil y organismos especializados.
• Desarrollar programas de capacitación y sensibilización a las autoridades comunales sobre derechos humanos y garantías procesales.
• Promover la armonización de los procedimientos y sanciones de la justicia comunal con los estándares internacionales de derechos humanos.

Conclusiones

• La justicia comunal en Perú tiene un marco constitucional que la reconoce como un sistema paralelo de administración de justicia. Sin embargo, en la práctica, esta institución ha vulnerado en algunos casos el derecho a la libertad personal de los individuos.
• Los fundamentos de la justicia comunal, basados en la restitución, reparación y reconciliación, entran en tensión con el respeto a los derechos fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia.
• Es necesario implementar reformas a la administración de justicia que permitan armonizar la justicia comunal con los estándares internacionales de derechos humanos, a través de mecanismos de coordinación y control, así como de capacitación a las autoridades comunales.
• Solo mediante un diálogo intercultural y el reconocimiento mutuo entre la justicia ordinaria y la justicia comunal, se podrá garantizar el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de la función jurisdiccional.