En los últimos años, los incendios forestales en Latinoamérica han intensificado su frecuencia e impacto, generando consecuencias devastadoras tanto en el medio ambiente como en la economía macrorregional. El impacto se intensifica por la deforestación, el cambio climático y la expansión agrícola descontrolada, dando como resultado pérdidas significativas para los sectores agrícolas, turísticos y de salud pública.
En el caso de Perú, los incendios han afectado gravemente las regiones amazónicas y andinas, con la pérdida de más de 3000 hectáreas de cultivo. Esta destrucción impacta directamente en la agricultura y ganadería, dos pilares económicos clave para las zonas rurales, además de limitar las actividades turísticas y generar problemas de salud pública debido a la contaminación del aire. A pesar de estos efectos devastadores, las respuestas del Estado han sido tardías, sumado a la negativa de la PCM de declarar el estado de emergencia, afectando la capacidad de recuperación a corto plazo.
Aplicación de la NIC 37: provisiones por pérdidas económicas futuras
En este contexto, la NIC 37 (Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes) adquiere relevancia para la contabilización de los efectos económicos de los incendios forestales. Según esta norma, las empresas deben reconocer si existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado, que pueda ser razonablemente estimada y que probablemente resultará en una salida de recursos.
Para las empresas afectadas por los incendios forestales, la NIC 37 exige que reconozcan una provisión cuando haya indicios claros de pérdidas económicas futuras. Estas pérdidas pueden surgir por la destrucción de activos productivos, como tierras de cultivo, o por la necesidad de incurrir en costos para la restauración ambiental o reubicación de operaciones. Por ejemplo, las empresas agrícolas que han perdido hectáreas de terreno debido a los incendios pueden tener que registrar una provisión para la rehabilitación de suelos o la compra de nuevas tierras.
Además, en el sector público, las instituciones gubernamentales y organizaciones que gestionan áreas protegidas o bienes naturales también pueden aplicar la NIC 37 para prever los costos asociados con la restauración de ecosistemas o la compensación por los daños a terceros.
Implicaciones para la economía peruana
Si bien la NIC 37 se aplica principalmente en el ámbito empresarial, también puede ser una herramienta útil para que el Estado peruano y otras organizaciones consideren los costos a futuro que tendrán que afrontar para mitigar y restaurar las áreas afectadas por los incendios. Esto incluye la implementación de políticas más efectivas de prevención y de gestión de riesgos de desastres, que podrían minimizar las futuras provisiones necesarias.
Los incendios forestales en Perú y en el resto de Latinoamérica no solo representan un desafío ecológico, sino también una problemática económica significativa que exige la adopción de medidas urgentes. La implementación de la NIC 37 permite una mejor planificación financiera para enfrentar las consecuencias de estos eventos, tanto a nivel privado como público, ayudando a mitigar el impacto económico a largo plazo.