Los incendios forestales, un fenómeno cada vez más frecuente y devastador, se han convertido en una amenaza global que afecta tanto a ecosistemas como a comunidades. En Perú, particularmente en la región amazónica de San Martín, esta problemática ha alcanzado niveles alarmantes, dejando a su paso la destrucción de miles de hectáreas, la pérdida de vidas humanas y un impacto duradero en la biodiversidad. La situación es aún más crítica cuando consideramos la reciente modificación de la Ley N° 29763 de Forestal y de Fauna Silvestre, que algunos expertos argumentan, promueve la deforestación y vulnera los derechos de los pueblos indígenas, incrementando el riesgo de incendios y la degradación ambiental.
Asimismo, los incendios forestales no son exclusivos de Perú; su propagación ha afectado a todo el continente americano. En Brasil, la deforestación ha sido un factor importante que contribuye a los incendios en la Amazonía, mientras que, en países como Chile, las temporadas secas prolongadas, exacerbadas por el cambio climático, aumentan la frecuencia y gravedad de los incendios. En Perú, según informes recientes, los incendios han causado la muerte de al menos 16 personas y han destruido miles de hectáreas de cobertura vegetal, lo que ha llevado al gobierno a declarar el estado de emergencia en varias regiones, incluidas Amazonas, San Martín y Ucayali? (Espinoza, 2024; Gómez, 2024).
En el caso peruano, la expansión agrícola y la deforestación son factores clave que están detrás de muchos incendios forestales. Las prácticas de quema de arbustos para preparar tierras agrícolas, sumadas a la sequía y el cambio climático, han acelerado la devastación de los ecosistemas forestales. Si bien el gobierno ha tomado medidas, como la declaración de estados de emergencia y el control de ciertos incendios, la respuesta ha sido insuficiente para contener los daños a gran escala (Espinoza, 2024)?. Por otro lado, la Ley N° 29763, antes de su modificación, proporcionaba una estructura sólida para la conservación de los bosques y la fauna silvestre. Sin embargo, la modificación reciente ha generado controversia. En consecuencia, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) ha advertido que esta modificación legaliza la deforestación de grandes áreas para uso agropecuario, debilitando los mecanismos de protección forestal. Este cambio no solo promueve el deterioro ambiental, sino que también compromete los acuerdos internacionales de conservación firmados por Perú, como el Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU. y los acuerdos con la Unión Europea, que prohíben el debilitamiento de las leyes ambientales (Espinoza, 2024; Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, 2024).
También, la modificación ha sido criticada por excluir a los pueblos indígenas en el proceso de consulta, violando el Convenio 169 de la OIT. Los territorios ancestrales, que dependen en gran medida de los recursos forestales, corren el riesgo de ser devastados por estas políticas que favorecen los intereses de grandes industrias sobre los derechos colectivos de las comunidades locales (Gómez, 2024)?. Por consiguiente, una de las soluciones más prometedoras para enfrentar la crisis de los incendios forestales es empoderar a las comunidades locales mediante la participación activa en la toma de decisiones. En ese sentido, la Ley N° 26300 de Derechos de Participación y Control Ciudadanos proporciona herramientas para que los ciudadanos ejerzan su derecho a influir en las políticas públicas, incluyendo la presentación de iniciativas legislativas y la revocatoria de autoridades que no cumplan con sus responsabilidades ambientales. Sin embargo, el desafío radica en garantizar que este marco legal sea accesible y aplicable para las poblaciones más vulnerables, especialmente en regiones rurales afectadas por los incendios (Baskent et al., 2020)?.
En otros países, como Grecia, las estrategias de movilización comunitaria han demostrado ser eficaces para prevenir y combatir incendios. Al involucrar a los residentes en la gestión de combustibles forestales y en la implementación de prácticas sostenibles, las comunidades pueden mitigar los riesgos y mejorar su capacidad de respuesta ante desastres naturales (Xanthopoulos et al., 2022). Estas lecciones pueden aplicarse en Perú, donde la movilización de las comunidades amazónicas y la implementación de tecnologías, como los sistemas de información geográfica (SIG), podrían fortalecer las estrategias de prevención. Además, la gestión sostenible de los bosques también requiere un enfoque científico que considere los múltiples servicios ecosistémicos que estos proporcionan. Según un estudio reciente, la planificación forestal debe integrar no solo la producción de madera, sino también la conservación de la biodiversidad, la regulación del ciclo hidrológico y la mitigación del cambio climático (Otero et al., 2018)?. El uso de tecnologías avanzadas, como modelos de simulación de incendios y mapas de riesgo, puede ayudar a las autoridades a priorizar áreas vulnerables y mejorar la eficiencia de las intervenciones.
En definitiva, Perú enfrenta un enorme desafío en la gestión de sus recursos forestales y la protección de su biodiversidad frente a la creciente amenaza de los incendios forestales. Si bien la modificación de la Ley N° 29763 ha generado controversia y preocupación, aún es posible revertir el daño mediante un enfoque inclusivo y sostenible. Esto requiere no solo una revisión de las políticas actuales, sino también un compromiso real por parte de las autoridades para integrar a las comunidades locales y respetar sus derechos. Por ello, la participación ciudadana, respaldada por un marco legal sólido, es clave para asegurar que los intereses a largo plazo del país, tanto ambientales como sociales, prevalezcan sobre los intereses económicos a corto plazo. Al mismo tiempo, la ciencia y la tecnología deben jugar un papel central en la planificación y gestión forestal para garantizar que los bosques puedan seguir proporcionando los servicios ecosistémicos vitales de los que dependen millones de peruanos. Es hora de que el gobierno, las comunidades y los actores internacionales trabajen juntos para proteger la Amazonía y los recursos forestales de Perú, antes de que sea demasiado tarde.