- El Gobierno amplía el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao y restringe el tránsito de motociclistas para enfrentar al sicariato y a la delincuencia.
La inseguridad ciudadana en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años. Robos, extorsiones y sicariato son delitos que afectan a miles de peruanos a diario, generando miedo e incertidumbre. Ante esta preocupante situación, el Gobierno decidió tomar medidas más drásticas para frenar la ola criminal, enfocándose especialmente en el uso de motocicletas como instrumento para cometer delitos.
En una edición extraordinaria de El Peruano, el Gobierno anunció este domingo 13 de abril la prórroga del estado de emergencia por 30 días más en Lima Metropolitana y el Callao. Esta decisión implica la restricción de varios derechos fundamentales, como la libertad de tránsito y reunión, en un intento por fortalecer las acciones de seguridad ciudadana frente al aumento de la criminalidad.
Sin acompañantes ni rostros cubiertos
Una de las principales disposiciones es la prohibición de que los motociclistas viajen acompañados. Asimismo, los conductores deben evitar el uso de elementos o accesorios adicionales al casco que dificulten la visibilidad de su rostro. Estas medidas buscan prevenir el sicariato, los asaltos rápidos y el uso irregular de motos como taxis clandestinos, fenómenos cada vez más comunes en las calles.
¿Es una medida efectiva?
El Dr. Aníbal Quiroga León, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad César Vallejo (UCV), señaló que esta disposición es comprensible. “Es una medida plausible, que ya se ejecuta en Colombia a raíz del uso de las motos para el sicariato y el narcotráfico. En dicho país, los motociclistas deben usar chalecos y cascos que reproducen la placa”, comentó.
Además, enfatizó que “las motos lineales están siendo un instrumento fácil para el crimen masivo que nos aqueja, respecto al sicariato y los asaltos rápidos”.
El reto de la fiscalización efectiva
Si bien las nuevas medidas son vistas como necesarias, su efectividad dependerá de su correcta aplicación. El Dr. Quiroga advirtió que “el problema es el nivel de fiscalización. Si va a haber suficientes policías que hagan que esto se ejecute. Las leyes no son nada si no tienen su factor coercitivo”.
Por ello, será clave que las autoridades refuercen los operativos y la supervisión para garantizar el cumplimiento de las disposiciones y, así, reducir efectivamente la inseguridad en el país.