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NACIONAL 03 de octubre de 2019

ANÁLISIS POLÍTICO TRAS LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO

El 30 de septiembre será recordado como un día histórico en la política peruana. Mediante un mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra, anunció la disolución del Congreso y convocó a  nuevas elecciones.

Dicho acto, ha generado un sinfín de opiniones divididas de diferentes abogados constitucionalistas ante la pregunta si la medida tomada por Vizcarra tiene o no respaldo Constitucional.

Ante ello, el Abogado en Derecho Constitucional Martín Cojal Mena, docente de la universidad César Vallejo, nos hace un análisis detallado del panorama político actual.

“La decisión tomada por el Jefe de Estado, es constitucional, y se ampara en el artículo 134° de la Constitución Política del Perú; que faculta al Presidente a cerrar el Parlamento cuando este le ha negado la confianza por segunda vez. El Presidente interpretó que la negación del Congreso, fue una decisión negativa ficta” sostuvo el abogado Cojal.

Recordemos que ya en el 2017 se produjo una negativa de confianza contra el gabinete del entonces premier Fernando Zavala, de modo que un nuevo rechazo se suscitó fácticamente cuando el Hemiciclo ignoró por mayoría el carácter urgente del pedido y procedió con la votación del primer candidato al Tribunal Constitucional.

Así mismo, para el constitucionalista, la decisión del Presidente Vizcarra de disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas para el próximo 26 de enero del 2020, es legal por encontrarse amparado en los artículos 134 y 135 de la Constitución Política del Perú, corresponde al Ejecutivo emitir la convocatoria de elecciones para un  nuevo Congreso. Siendo publicada en forma de decreto en el diario oficial El Peruano. Las nuevas elecciones parlamentarias deben realizarse dentro de los cuatro meses desde la fecha en que se disolvió el Congreso, manifestó el docente.

 El letrado también se pronunció sobre la juramentación de Mercedes Aráoz, calificándola de inconstitucional; debido a que los Congresistas no tenían legitimidad para suspender del cargo al Presidente de la República, y la señora Aráoz con esa decisión, incurrió en el delito usurpación de funciones, previsto en el artículo 361° del Código Penal.