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Especialistas de la UCV analizan las consecuencias de las protestas que afectaron al sector empresarial en enero

Escrito por: Autor UCV
Publicado: 31/01/2023

En enero, solo en las regiones del interior del Perú, las pymes perdieron 670 millones de soles en ventas como consecuencia de la actual crisis política y social, lo cual ha provocado que varias empresas busquen la reprogramación de sus deudas por falta de ingresos. Mientras que, desde el ámbito legal, los violentistas han afectado bienes jurídicos que tipificarían en delitos.

“La inflación se ha incrementado y las pérdidas son muy elevadas, lo que en economía se conoce como costo de oportunidad. Aparte de las pérdidas directas, existe un efecto que se llama ‘externalidades’. Por ejemplo, queman una empresa y esta pierde directamente. Pero el resto de empresas que querían abrir, ya no lo harán. Ese miedo no solo se disemina en una empresa grande, sino también en otras medianas y pequeñas”, explica el Dr. Jair Alvarado Espinoza, economista y coordinador de la Escuela de Negocios Internacionales de la UCV.

El especialista en economía de la Universidad César Vallejo considera que esta crisis está afectando financieramente más que la pandemia a las micro, pequeñas, medianas e, incluso, grandes empresas.

Asimismo, el Dr. Alvarado indica: “El mayor impacto económico se presenta en las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno, debido a que hay un bloqueo de carreteras, sumado a la intimidación y al terror que afecta no solo a las empresas, sino también al traslado de materiales, comercio, turismo, etc., por lo cual los precios se han incrementado”.

Por su parte, la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú afirma que las micro y pequeñas empresas se encuentran en riesgo de quiebra o tendrán que cambiar de sector debido a las manifestaciones.

Al respecto, el Dr. Juan Vallejos Tafur, coordinador de la Escuela de Contabilidad de la UCV, señala que el Estado tiene que formular políticas que ayuden a acortar las brechas sociales. “Las manifestaciones no son el problema, sino más bien consecuencias del olvido de demandas sociales por muchos años. Debe haber una política de apoyo en asesoría a las mypes para hacerlas sostenibles en el tiempo”, sostiene.

Además, el especialista en contabilidad de nuestra casa de estudios brinda algunos alcances sobre cómo deben programar y manejar sus deudas las medianas y pequeñas empresas que se han visto afectadas por las protestas.

“Lo ideal es hacer un flujo de caja sencillo que consta de proyectar los ingresos y gastos operativos y los pagos de las cuotas de los préstamos. Realizar una proyección razonable sin ser muy optimista, pero tampoco pesimista, con respecto a los ingresos, en base a lo cual se debería proponer un refinanciamiento con los proveedores o bancos”, detalla.

Sobre la medida que estableció la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de aplazar las deudas por dos meses para ayudar a los afectados por los conflictos sociales, el Dr. Vallejos comenta que “aplazar dos meses es insuficiente, debería ser un mínimo de seis meses a un año, porque estas mypes sufrieron la descapitalización de sus recursos”.

Desde el aspecto legal, el Dr. John Matienzo, docente de la Escuela de Derecho de la UCV, menciona qué delitos tipificarían los actos violentos cometidos en las manifestaciones que afectan bienes jurídicos como la vida y/o la propiedad.

“El delito de disturbios se encuentra contemplado en el artículo 315 del Código Penal, según señala la Ley n.o 28820, de 22 de julio de 2006, donde se imputó este tipo penal-: ‘El que, en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido por una pena no menor de tres ni mayor de seis años’”, precisó.

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