Conforme se aprecia en los diversos medios de comunicación social, la ciudadanía viene soportando un alto incremento de la delincuencia en sus diversas modalidades, afectando diferentes bienes jurídicos protegidos por la sociedad. Según un artículo publicado en el diario Gestión, en base al informe técnico del INEI, titulado “Estadísticas de Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia, abril-junio 2021”, solo entre enero y marzo del mencionado año se registraron 85 622 denuncias por comisión de delitos a en todo el país.
Estos eventos criminales han creado, en el ciudadano, un ambiente de desafectación y abandono por parte de las autoridades, lo que ha derivado en la aparición de protestas, protagonizadas por agrupaciones vecinales, sindicales, ciudadanos. El caso más reciente es lo acontecido en la ciudad de Chiclayo.
En tal sentido, viene siendo prioridad para el Estado, mediante el órgano jurisdiccional, la erradicación y combate eficaz de esta lacra social que viene afectando a todos los ciudadanos, para lo cual deberá utilizar el ius puniendi, en su máxima expresión “la pena”; dicha violencia estatal deberá ser impuesta en un proceso penal el cual deberá ajustarse a los derechos fundamentales, función jurisdiccional ejercida por el Poder Judicial conforme a la Carta Magna, con la finalidad de restablecer la paz social mediante la justicia.
Esta actividad procesal para ser legitima debe ceñirse a los principios procesales para tal efecto (legalidad, razonabilidad, necesidad, proporcionalidad, etc.); de no ser así, el Estado caería en una eficacia susceptible de quebrantar los derechos fundamentales de los justiciables.
El órgano jurisdiccional, ante el incremento de la criminalidad, ha venido desarrollando su labor medianamente aceptable dando respuesta en forma oportuna a los casos de mayor connotación; sin embargo, no se ha desligado totalmente de ciertas prácticas negativas (penas benignas, exceso de garantismo, libertad de personas intervenidas por la policía en hechos flagrantes, etc.), lo cual ha llevado a que su eficiencia se encuentre en tela de juicio por parte de la ciudadanía.
No obstante, cabe señalar que el Poder Judicial viene manteniendo la voluntad de estar a la altura de los requerimientos de la ciudadanía para combatir la criminalidad en sus diversas modalidades, conforme lo vienen anunciando sus autoridades. En ese sentido, han desarrollado diversos acuerdos plenarios en relación con aspectos controvertidos en torno a las normas penales sobre la delincuencia violenta y crimen organizado.
Otros aspectos sustanciales en el Poder Judicial se han dado con la creación de más juzgados y el destierro paulatino de la provisionalidad de los jueces, que ha revertido en actos de corrupción dando pie a un estado de desconfianza en el Poder Judicial por parte de los ciudadanos.
En conclusión, aunque es compleja la situación, sobre la eficacia del Poder Judicial ante el incremento de la criminalidad, es necesario que el Estado realice capacitaciones conjuntas entre los operadores de justicia con la finalidad de lograr una eficiente aplicación de las leyes, principalmente de las leyes especiales dadas con la finalidad de erradicar el incremento de la criminalidad en el país.
En definitiva, el Estado debe realizar una reforma total del órgano jurisdiccional para dotarlo de mayor eficacia para afrontar eventos como el que actualmente viene atravesando la ciudadanía. Debemos reflexionar sobre el tema, pues hoy la ciudadanía tiene un mal concepto sobre las instituciones tutelares del Estado, lo cual ha generado ciertos hechos violentos con la finalidad de lograr una justicia que les viene siendo esquiva debido a la coyuntura política y social que vivimos.
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