En el Perú, las micro y pequeñas empresas (MYPE) constituyen el 99,7 % del total de unidades empresariales y generan cerca del 45 % del empleo formal, según el Ministerio de la Producción. No obstante, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) estima que alrededor del 86 % de estas empresas operan en la informalidad tributaria, sin registro en el RUC, sin emisión de comprobantes de pago ni declaraciones periódicas. Esta situación reduce drásticamente la capacidad de crecimiento del sector, pues la informalidad no solo implica evasión fiscal, sino también exclusión del sistema financiero formal. Al carecer de registros contables y documentación verificable, las MYPE no pueden demostrar su solvencia ni su comportamiento financiero ante las entidades crediticias, lo que eleva el riesgo percibido generando tasas de interés elevadas e incluso el no otorgársele el crédito. De esta forma, la formalidad tributaria se convierte en el puente que conecta la productividad con la inclusión financiera, mientras la informalidad perpetúa el estancamiento económico de miles de emprendedores peruanos.
Las causas de la informalidad tributaria son múltiples, pero destacan tres: la percepción de que los procesos de inscripción y declaración son complejos y costosos, la falta de educación contable y financiera, y la desconfianza hacia el Estado. Muchos microempresarios consideran que formalizarse solo significa pagar impuestos, sin percibir los beneficios de contar con un historial fiscal que permita acceder a nuevos mercados y financiamiento. En realidad, formalizarse significa cumplir con una secuencia clara: obtener un RUC activo y habido, elegir el régimen tributario más adecuado, emitir comprobantes electrónicos, llevar registros contables de ventas y compras, y presentar las declaraciones mensuales y anuales correspondientes. Estas operaciones desarrollan credibilidad y trazabilidad financiera, siendo estos dos componentes principales que el sistema financiero analiza antes del otorgamiento de un crédito.
Las entidades financieras, como bancos, cajas municipales y cooperativas, analizan la capacidad de pago mediante la revisión de las declaraciones de impuestos, los estados financieros firmados por contador, el registro de ventas y compras, y el flujo de caja proyectado. Además, consideran la voluntad de pago a partir del historial crediticio y del cumplimiento tributario. En el Perú, de acuerdo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las microempresas formales acceden a créditos a tasas promedio anuales de 38 %, mientras que las empresas grandes pagan alrededor del 12 %. En contraste, los negocios informales, al no tener documentación que respalde su actividad económica, terminan solicitando préstamos informales con intereses que pueden ser mayores al 100 % anual. Este diferencial de tasas refleja el verdadero costo financiero de la informalidad. Asimismo, las empresas no formalizadas quedan excluidas de programas públicos como el Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-MYPE), Impulsa Perú o Reactiva Perú programas con garantía estatal, limitando su posibilidad de invertir en la capacitación del personal, innovar a través de la adquisición de tecnología o expandirse a nuevos mercados. La informalidad, por tanto, se traduce en menos crédito, mayor riesgo y menor competitividad, mientras que la formalidad abre oportunidades para mejorar la gestión, atraer inversión y fortalecer el tejido económico del país.
La informalidad tributaria no debe entenderse únicamente como un incumplimiento legal, sino como una pérdida de oportunidades para el empresario. Reducirla requiere un enfoque integral donde la SUNAT sea percibida no como una entidad sancionadora, sino como una institución aliada que brinda facilidades, orientación y herramientas digitales para formalizarse. Activar un RUC, emitir facturas electrónicas o presentar declaraciones ya es posible mediante canales virtuales simples, pero se necesita una mayor participación institucional que promueva los beneficios reales de la formalización. Además, los empresarios deben comprender que los contadores no son solo quienes calculan impuestos, sino aliados estratégicos que orientan sobre el mejor régimen tributario, la organización contable y el acceso al crédito. Si el Estado, la SUNAT y los profesionales contables trabajan de manera coordinada, la formalidad dejará de ser un temor y se convertirá en una oportunidad para que las MYPE peruanas crezcan con estabilidad, respaldo financiero y confianza en sus instituciones.