- La sobrepoblación en las cárceles del Perú casi alcanza el 140 % y genera debate sobre la construcción de un penal en El Frontón. Conoce las opiniones de especialistas sobre este controvertido proyecto y los posibles impactos legales.
El sistema penitenciario peruano enfrenta una crisis histórica. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en 2024 el país cuenta con 69 establecimientos con capacidad para 41 556 internos. Sin embargo, la población penitenciaria alcanza los 98 127 reclusos, lo que refleja una sobrepoblación cercana al 140 %.
En respuesta a esta situación, el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) aprobó el 2 de setiembre la viabilidad de construir un nuevo penal en la isla El Frontón. La iniciativa busca concentrar a internos de alta peligrosidad, en particular a cabecillas de organizaciones criminales violentas. No obstante, el proyecto ha desatado críticas por su viabilidad técnica, política y económica.
Las dificultades de El Frontón
Al respecto, en entrevista con un medio de comunicación, el Dr. Aníbal Quiroga León, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad César Vallejo, advirtió que “este proyecto no tiene ninguna viabilidad”.
El especialista explicó que “tener una prisión frente a Lima es logísticamente compleja y muy costosa. En Estados Unidos —siendo un país tan poderoso—, la prisión de Alcatraz fue cerrada por las mismas razones”. Agregó que la construcción superaría el actual mandato presidencial.
En esa línea, el Dr. Quiroga señaló que “una construcción ahí, con toda la complejidad que tiene, no tardaría menos de dos años, lo cual excedería el mandato de la presidenta Dina Boluarte. Para poder implementarlo sería en el siguiente mandato, si es que el próximo Gobierno se banca un proyecto de esta naturaleza”.
Además, precisó que “es mucho más fácil construir una cárcel en tierra o terrenos eriazos, donde se puede tener acceso de carreteras, o ampliar Challapalca u otros penales”.
Foto: Andina.
La controversia electoral
Por otro lado, el análisis del constitucionalista también se extendió a la reciente disputa entre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la inscripción de un partido político. “La Constitución establece que las decisiones del sistema electoral no son susceptibles de ser reevaluadas en sede judicial, pero algunos amparos han sido admitidos en el pasado. A esto se le denomina ‘guerra de las cortes’”, comentó.
El Dr. Quiroga advirtió sobre las consecuencias de este escenario: “El Jurado Nacional de Elecciones es la Corte Suprema Electoral y tiene la última palabra en este ámbito. Por lo tanto, si se va a estar reevaluando lo que dice, no se va a cumplir con el cronograma electoral y se va a tener autoridades provisionales, elecciones suspendidas y una alteración del ciclo electoral”.
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