Arroz en crisis: costos al alza, precios a la baja y una cadena que asfixia al productor

En los últimos días, la región San Martín, una de las principales zonas productoras de arroz del país, ha sido escenario de movilizaciones que forman parte del paro nacional impulsado por el sector agrícola debido a la disminución del precio del arroz cáscara y la preocupación por la rentabilidad del cultivo. Para miles de familias de las provincias de Rioja, Moyobamba, Bellavista y otras zonas productoras, el arroz constituye mucho más que un cultivo; representa la principal actividad económica y el sustento de miles de hogares. En medio de esta situación, muchos agricultores señalan a las importaciones y al posible ingreso irregular de arroz como responsables directos de la crisis; sin embargo, la información disponible muestra una realidad más compleja donde intervienen diversos factores económicos y estructurales.

Uno de los primeros aspectos que llama la atención es que los indicadores disponibles cuestionan la percepción de un supuesto ingreso masivo de arroz importado. Al revisar el comportamiento acumulado de las importaciones entre enero y junio, según reportes emitidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), se observa que durante el período 2025 ingresaron aproximadamente 87 459 toneladas de arroz, mientras que en el mismo período de 2026 el volumen alcanzó alrededor de 45 867 toneladas, lo que representa una disminución cercana al 47.6 %, equivalente a 41 592 toneladas menos. Estos resultados debilitan la idea de que una mayor entrada física de arroz sea la principal causa de la crisis actual. Más bien, el problema parece encontrarse en el comportamiento del mercado internacional, donde la reducción sostenida de los precios internacionales año a año termina convirtiéndose en una referencia utilizada por compradores y comercializadores para negociar precios más bajos dentro del mercado nacional. Como consecuencia, muchos agricultores, presionados por recuperar la inversión realizada durante la campaña agrícola, terminan aceptando valores que reducen considerablemente su rentabilidad.

Sin embargo, limitar la discusión únicamente a factores externos sería una explicación incompleta. Los datos del Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA-MIDAGRI) muestran incrementos importantes en los principales insumos y servicios necesarios para la producción agrícola. La urea aumentó aproximadamente 18 %, el fosfato diamónico cerca de 12 % y el alquiler por hora de tractor alrededor de 26 %. Esta situación genera una contradicción difícil de ignorar: mientras el agricultor recibe menos ingresos por vender su producción, producir esa misma cantidad le cuesta cada vez más. El resultado parece evidente: mayores niveles de endeudamiento y una reducción significativa de la rentabilidad del productor incluso antes de iniciar la cosecha.

A ello se suma otro aspecto que muchas veces recibe menor atención: la estructura de comercialización del arroz. Entre el productor y el consumidor participan molinos, distribuidores, mayoristas y minoristas, quienes intervienen en el procesamiento y comercialización del producto final. Esta situación genera una interrogante difícil de ignorar: si el agricultor recibe cada vez menos ingresos por su producción, ¿por qué el consumidor continúa pagando precios similares o incluso mayores? Esto podría evidenciar una distribución poco equilibrada del valor económico dentro de la cadena productiva, donde el productor, pese a asumir los costos de producción y los riesgos asociados a la actividad agrícola, parece ser el actor con menor capacidad de negociación. Mientras algunos eslabones pueden trasladar costos o mantener márgenes relativamente estables, el agricultor termina absorbiendo gran parte de la presión económica. Esta situación no solo afecta su rentabilidad inmediata, sino que también plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo actual y sobre quiénes están capturando realmente los beneficios generados dentro de la cadena comercial.

Frente a esta realidad, resulta importante reconocer que el Estado ya viene impulsando acciones multisectoriales orientadas a atender la problemática del sector arrocero, entre ellas mecanismos de compras públicas para la agricultura familiar, operativos de control frente al comercio ilegal y asistencia técnica para mejorar el acceso a financiamiento e infraestructura agrícola. Sin embargo, el debate no debería centrarse únicamente en la implementación de medidas coyunturales, sino también en garantizar su sostenibilidad y alcance a largo plazo. En mi opinión, aún persisten desafíos relacionados con el fortalecimiento de cooperativas realmente funcionales, la implementación de sistemas de planificación agrícola basados en información estadística confiable y una mayor transparencia dentro de la cadena de comercialización. Del mismo modo, resulta necesario impulsar estrategias orientadas a reducir costos mediante innovación y tecnologías que permitan incrementar la productividad del agricultor. Más que crear nuevas medidas aisladas, probablemente el reto actual radique en consolidar y articular adecuadamente las acciones existentes para que lleguen de manera efectiva al productor.