En el corazón de la Amazonía peruana, la región San Martín destaca por su biodiversidad, riqueza cultural y por una realidad menos visible, pero profundamente reveladora: los conflictos sociales. Lejos de ser eventos aislados, estas tensiones expresan malestares acumulados, demandas insatisfechas y una creciente desconexión entre la población y el Estado. Comprender esta conflictividad implica analizar estadísticas y escuchar las voces que, a través de la protesta, buscan ser reconocidas y atendidas.
Según el Reporte Mensual de la Defensoría del Pueblo N.° 254 (abril de 2025), la región San Martín registra siete conflictos sociales: tres activos y cuatro latentes, lo que representa el 3.6 % del total nacional. Si bien esta proporción podría parecer reducida frente a regiones como Loreto (14.7 %) y Puno (9.1 %), no debe pasarse por alto. Cada conflicto, sin importar su ubicación o magnitud estadística, conlleva una carga de malestar, tensiones y desafíos que inciden directamente en la estabilidad regional y en el bienestar de sus habitantes.
Uno de los casos más representativos es el que enfrenta al Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de la provincia de San Martín (Frecides) con el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHBM). El motivo del desacuerdo radica en la posible inclusión del río Cumbaza en un proyecto de agua potable que abarca los distritos de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo. Para los actores sociales, esta medida podría afectar áreas naturales protegidas y comprometer una de sus principales fuentes de agua. El caso, actualmente en proceso de mediación, evidencia la importancia de armonizar el desarrollo urbano con sostenibilidad ambiental y consulta ciudadana.
También se mantienen tensiones laborales relevantes, como las protagonizadas por el Sindicato de Trabajadores Técnicos Asistenciales de Salud (SIPTAS), quienes han protestado en reiteradas ocasiones ante el Gobierno Regional de San Martín para exigir mejoras en sus condiciones laborales. La falta de respuestas concretas por parte de las autoridades ha contribuido a prolongar el conflicto, lo que evidencia la necesidad de establecer canales eficaces de diálogo entre los trabajadores del sector público y los entes de gestión regional.
A nivel comunal, los conflictos giran en torno a la titulación de tierras, delimitación de territorios indígenas y disputas sobre el uso de áreas de conservación, como es el caso del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. Estas situaciones muestran que, más allá de las demandas sectoriales, existe una lucha continua por el reconocimiento territorial y por el acceso justo a los recursos naturales y servicios básicos.
En las últimas semanas, la región también ha sido escenario de protestas significativas que reflejan un creciente malestar ciudadano frente a la falta de respuestas institucionales. Una de las más destacadas fue la movilización de trabajadores del programa social Wasi Mikuna, en el distrito de Morales, quienes exigieron claridad sobre la continuidad del programa y pidieron la renuncia de autoridades del sector, tras incidentes de intoxicación en instituciones educativas. Asimismo, trabajadores del sistema de agua potable y alcantarillado realizaron protestas para reclamar la actualización de sus escalas remunerativas, advirtiendo el impacto potencial sobre servicios esenciales si no se atienden sus demandas.
De forma paralela, organizaciones de mujeres y colectivos sociales se movilizaron en el distrito de La Banda de Shilcayo para exigir justicia para víctimas de violencia de género e igualdad de derechos. Estas manifestaciones revelan una agenda ciudadana más amplia y diversa, que ya no se limita a lo económico, sino que incorpora demandas sociales, culturales y de derechos humanos. Las protestas no son, en este contexto, simples actos de oposición, sino expresiones legítimas de una ciudadanía que busca ser escuchada.
Estas acciones colectivas, sumadas a los conflictos ya registrados, confirman que las manifestaciones siguen siendo uno de los principales mecanismos de expresión pública en la región. Sin embargo, su frecuencia creciente también pone en evidencia la ausencia de espacios institucionalizados de diálogo y la falta de respuestas sostenidas por parte del Estado. En abril de 2025, se registraron en el país 256 acciones colectivas de protesta, varias de las cuales ocurrieron en San Martín. Este dato debería llamar la atención de las autoridades locales y el Gobierno central.
Frente a este panorama, es fundamental recalcar que la protesta social es una herramienta legítima en democracia. No obstante, su recurrencia constante y la limitada capacidad de respuesta institucional deben llevarnos a reflexionar sobre el déficit de gobernabilidad que enfrentan muchas regiones del país. Las protestas no deberían convertirse en la única vía para hacer oír las demandas ciudadanas.
Para revertir esta situación, se requiere una estrategia integral de prevención y gestión de conflictos sociales en San Martín. Esta debe basarse en el respeto por los derechos humanos, la transparencia en la información pública, la participación ciudadana efectiva y, sobre todo, el cumplimiento de los compromisos asumidos. Las soluciones no pueden seguir siendo parciales ni postergadas. Urge fortalecer los mecanismos de mediación, ampliar el alcance de las mesas de diálogo y garantizar una gestión pública sensible a las realidades locales.
En conclusión, los conflictos sociales en San Martín no son hechos aislados ni pasajeros. Son el reflejo de demandas legítimas, muchas de ellas postergadas por años, que merecen atención seria y compromiso sostenido. Esta radiografía regional, lejos de ser una señal de alarma, debe asumirse como una oportunidad para reconstruir los vínculos entre ciudadanía y Estado, y para diseñar políticas públicas más inclusivas y eficaces. El futuro de San Martín y del país dependerá en gran medida de nuestra capacidad colectiva para transformar el conflicto en diálogo, la protesta en propuesta y la indignación en soluciones concretas.