Trabajo infantil en el Perú: una problemática que va más allá de la pobreza

El trabajo infantil continúa siendo uno de los principales desafíos para la protección de la niñez y la adolescencia en el Perú. A pesar de los avances en materia de legislación y políticas públicas, miles de niños, niñas y adolescentes siguen realizando actividades laborales que afectan su educación, limitan su desarrollo integral y vulneran sus derechos.

La Constitución Política del Perú establece que el Estado debe brindar especial protección a la niñez y la adolescencia. Asimismo, el Código de los Niños y Adolescentes regula el trabajo adolescente y prohíbe aquellas actividades que pongan en riesgo la salud, la educación o el desarrollo integral de los menores de edad.

En el ámbito internacional, el país también ha asumido importantes compromisos mediante la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios N.° 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientados a prevenir la explotación económica y erradicar las peores formas de trabajo infantil.

Sin embargo, la realidad demuestra que esta problemática persiste y continúa afectando el presente y el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Una realidad que aún preocupa

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023 el 25,8 % de la población de entre 5 y 17 años realizó alguna actividad laboral, lo que representa a más de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes. Además, el 27 % de quienes trabajan lo hace para complementar los ingresos familiares, mientras que las mayores tasas de trabajo infantil se registran en las zonas rurales de la sierra y la selva.

Estas cifras evidencian que el trabajo infantil no constituye un fenómeno aislado, sino una problemática estructural que continúa limitando las oportunidades de desarrollo de miles de menores de edad.

Una problemática con múltiples causas

Aunque la pobreza sigue siendo uno de los principales factores asociados al trabajo infantil, no explica por sí sola por qué tantos niños, niñas y adolescentes ingresan de manera prematura al mercado laboral.

La falta de acceso a educación, salud, alimentación y vivienda digna incrementa la vulnerabilidad de muchas familias y obliga a algunos menores de edad a contribuir con los ingresos del hogar. A ello se suma la precariedad del empleo de los adultos, que dificulta cubrir las necesidades básicas e incrementa la presión económica sobre las familias.

Otro elemento determinante es la inseguridad alimentaria. En hogares donde los recursos son insuficientes, el trabajo infantil suele convertirse en una estrategia de supervivencia, aun cuando ello implique abandonar los estudios o reducir el tiempo destinado al aprendizaje, el descanso y la recreación.

Asimismo, la exclusión social y el acceso limitado a servicios básicos restringen las oportunidades de desarrollo de miles de niños, niñas y adolescentes, favoreciendo su incorporación temprana a actividades laborales, principalmente en el sector informal.

La violencia familiar también incrementa el riesgo

Uno de los factores menos visibles del trabajo infantil es su estrecha relación con la violencia dentro del entorno familiar.

Situaciones de violencia física, psicológica o sexual, así como el abandono, la negligencia y la desintegración familiar, pueden llevar a que niños, niñas y adolescentes busquen alternativas de subsistencia fuera del hogar o permanezcan durante largas jornadas alejados de espacios donde son víctimas de maltrato.

Según información del Programa Nacional Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante 2023 se atendieron más de 170 mil casos de violencia contra integrantes del grupo familiar y de violencia sexual. Entre las víctimas se encontraban miles de niños, niñas y adolescentes, una realidad que evidencia la persistencia de entornos que afectan su bienestar y debilitan los mecanismos de protección familiar.

Diversas investigaciones han demostrado que quienes crecen en contextos marcados por la violencia presentan mayores probabilidades de rezago escolar, deserción educativa y exclusión social, condiciones estrechamente relacionadas con el trabajo infantil.

Explotación y trata de personas: una de las formas más graves de vulneración de derechos

La trata de personas constituye una de las expresiones más graves de vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia.

De acuerdo con cifras oficiales del MIMP, durante el 2024, 94 menores de edad víctimas de trata de personas ingresaron a las Unidades de Protección Especial (UPE). La mayoría eran adolescentes de entre 12 y 17 años, cuyos casos estuvieron vinculados principalmente con la explotación laboral y la explotación sexual.

Estas cifras reflejan cómo las organizaciones criminales aprovechan las condiciones de vulnerabilidad para captar y explotar a menores de edad, atentando contra su dignidad, su seguridad y su proyecto de vida.

El desafío es mayor en las zonas rurales

El INEI señala que el trabajo infantil presenta una mayor incidencia en las zonas rurales, especialmente en regiones de la sierra y la selva.

Departamentos como Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Puno, Loreto y Amazonas han registrado históricamente tasas superiores al promedio nacional. En estos territorios, muchos niños, niñas y adolescentes participan desde edades tempranas en actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de comercio informal.

A esta realidad se suman factores como la pobreza, la migración de los padres o cuidadores, la violencia familiar y el acceso limitado a servicios de educación, salud y protección social, circunstancias que incrementan el riesgo de incorporación temprana al trabajo.

Un compromiso compartido para proteger la infancia

Erradicar el trabajo infantil requiere una respuesta articulada entre el Estado, las instituciones educativas, las familias, el sector privado y la sociedad en su conjunto. Reducir la pobreza, promover el empleo digno para los adultos, fortalecer el acceso a una educación de calidad, prevenir la violencia familiar, combatir la trata de personas y reforzar los mecanismos de protección social son acciones indispensables para enfrentar esta problemática.

Más allá de las cifras, cada niño, niña o adolescente que trabaja representa una historia de vulneración de derechos y de oportunidades limitadas. Garantizar que la infancia transcurra en las aulas, en espacios seguros y en entornos que favorezcan el aprendizaje, el juego y el desarrollo integral constituye una responsabilidad compartida. Solo mediante un compromiso sostenido entre el Estado y la sociedad será posible construir un país donde todos los niños, niñas y adolescentes puedan crecer, aprender y desarrollar plenamente su proyecto de vida.