Accidentes de tránsito: el rol del Actor Civil y del Tercero Civilmente Responsable en el proceso penal

Ante las actuales tasas de accidentes de tránsito, los procesos penales por la comisión de delitos de daños, lesiones o fallecimiento de las víctimas se han incrementado en las sedes judiciales. Ante ello, resulta necesaria la reflexión jurídica y el desarrollo de competencias efectivas para enfrentar los casos que se presenten.

Vivimos actualmente un proceso de reforma procesal penal que no ha culminado con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, el cual fue implementándose paulatinamente en cada distrito judicial.

La reforma del sistema procesal ha conllevado también un cambio de actitudes por parte de los profesionales, resaltando el desarrollo de competencias tales como el razonamiento jurídico y la correcta aplicación de las normas procesales. Ello exige que los profesionales del Derecho identifiquen los conceptos e instituciones jurídicas y puedan brindar una orientación adecuada a la ciudadanía.

Entre las características del proceso de reforma establecido a través del Código Procesal Penal se encuentra la división de roles y las específicas competencias que tienen los sujetos procesales, quienes participan en la dinámica del desenvolvimiento del proceso penal.

Entre los sujetos procesales, el Actor Civil y el Tercero Civilmente Responsable constituyen figuras jurídicas que los profesionales del Derecho deben conocer, identificando la labor que desarrollan en el proceso penal. En ese sentido, este artículo se orienta a establecer el concepto, las funciones y las diferencias entre los mismos en este ámbito.

El Actor Civil, conforme lo señala el artículo 98 del Código Procesal Penal, es el sujeto procesal que, como consecuencia de los hechos, se ha visto perjudicado por el delito, correspondiéndole ejercitar la acción reparatoria mediante el reclamo de la reparación civil, sustentando su pretensión en los daños y perjuicios generados por el delito.

Será entonces que el agraviado en delitos como daños o lesiones producidas por accidentes de tránsito, quien en el modelo inquisitivo permanecía relegado, podrá ejercer mayores facultades si se constituye como Actor Civil, conforme al trámite previsto en el artículo 102 del Código Procesal Penal.

Cabe precisar que la realización del delito implica la lesión de bienes jurídicos que la sociedad reclama proteger y que pertenecen a un titular determinado.

Quien ve vulnerados sus intereses como titular del bien jurídico encuentra protección en el vigente Código Procesal Penal, norma que le ha otorgado un mayor margen de actuación dentro del proceso penal.

El Código Procesal Penal faculta al titular del bien jurídico a obtener la reparación del perjuicio causado, con la posibilidad de acceder a una adecuada reparación civil, haciendo que el responsable asuma las consecuencias de su accionar. Esto significa una verdadera justicia penal para el perjudicado.

En el ámbito jurídico, se encuentra reconocido que al Actor Civil le corresponden los derechos de la víctima establecidos en el artículo 95 del Código Procesal Penal, así como las facultades previstas en los artículos 104, 105 y el inciso 2 del artículo 345 del mismo cuerpo normativo.

Así, al Actor Civil le corresponde, entre otras atribuciones, deducir nulidad de actuados, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer recursos impugnatorios, formular solicitudes para salvaguardar sus derechos, así como colaborar en el esclarecimiento de los hechos y acreditar la reparación civil que le corresponde.

La jurisprudencia desarrollada a nivel nacional sobre el Actor Civil ha precisado que, conforme a la Casación N.° 1447-2017, Piura, la legitimidad del Ministerio Público respecto del objeto civil del proceso cesa cuando el agraviado se constituye en Actor Civil. En ese momento, corresponde al Ministerio Público la persecución penal para la imposición de la pena al sujeto culpable, mientras que el Actor Civil asume la pretensión reparatoria.

Asimismo, la Casación N.° 2222-2021, Huaura, sostiene que, si el agraviado no logra constituirse en Actor Civil, el Ministerio Público mantiene la legitimidad para defender sus intereses. Se trata de criterios jurisprudenciales que requieren ser conocidos para el adecuado tratamiento de esta institución jurídica.

El vigente Código Procesal Penal, en la regulación de los sujetos procesales, también ha precisado el rol que asume el denominado Tercero Civilmente Responsable dentro del proceso penal.

Corresponde al Tercero Civilmente Responsable ser quien, conjuntamente con el imputado, deba responder por la reparación civil derivada de las consecuencias del delito.

Es necesario marcar una clara diferencia respecto de la función que cumple el Tercero Civilmente Responsable en el proceso penal, pues no es quien comparte la intención delictiva con el autor para convertirse en coautor, ni quien se vale de otro para la realización del propósito criminal en calidad de autor mediato, ni quien instiga o presta ayuda para la comisión del delito.

Como sujeto procesal, el Tercero Civilmente Responsable cuenta con los derechos y garantías establecidos en el artículo 113 del Código Procesal Penal, pudiendo ejercer su defensa conforme a los derechos y garantías reconocidos al imputado.

Es decir, que existiendo un proceso penal como consecuencia de un hecho delictivo, como ocurre en los incidentes de tránsito, la parte agraviada que busca una reparación civil por el perjuicio ocasionado, desde la perspectiva de la justicia penal, deberá constituirse en Actor Civil para ejercer plenamente su pretensión resarcitoria. En ese supuesto, el pago de la reparación civil podrá recaer no solo en el sentenciado culpable, sino también en el propio Tercero Civilmente Responsable, quien asumirá la reparación civil, mas no la pena. Esta es una de las posibilidades que contempla el vigente Código Procesal Penal.

Conocer el rol que asumen los sujetos procesales en el desarrollo del actual proceso penal es una información que merece ser compartida con la ciudadanía. Asimismo, los abogados que se vienen formando en las aulas universitarias deben dominar estos conceptos para brindar una adecuada orientación, comprometiéndose a ejercer su función con calidad humana, profesionalismo y el espíritu de servicio que guía su formación universitaria.