El turismo no entra en crisis por exceso de visitantes, sino por falta de gestión

En julio de 2024, una imagen dio la vuelta al mundo. Vecinos de Barcelona, en España, salieron a las calles con pistolas de agua para rociar a los turistas que ocupaban las terrazas de restaurantes y cafeterías. La escena parecía insólita, pero reflejaba un profundo malestar social. Con apenas un millón seiscientos mil habitantes, la ciudad recibía cerca de cincuenta y cinco millones de visitantes al año. Lo que durante décadas impulsó la economía local terminó elevando el precio de la vivienda, saturando los espacios públicos y transformando los barrios en espacios pensados para los visitantes antes que para quienes los habitan.

Barcelona no fue la primera ciudad en enfrentar esta situación ni será la última. En Mallorca, miles de ciudadanos marcharon contra la masificación turística. En Bali (Indonesia), las autoridades restringieron el acceso a montañas sagradas para proteger su patrimonio natural y cultural. En Tailandia, Maya Bay permaneció cerrada durante cuatro años para permitir la recuperación de un ecosistema gravemente deteriorado por la presión turística.

Aunque estos casos ocurrieron en contextos distintos, todos responden a un mismo patrón. El crecimiento de la actividad turística dejó de gestionarse bajo criterios de sostenibilidad y terminó superando la capacidad de los destinos para administrarlo. El problema nunca fue el turismo en sí, sino la ausencia de políticas públicas capaces de anticipar sus efectos.

Lejos de ser una realidad ajena, el Perú ya presenta varias de las condiciones que desencadenaron esas crisis. La diferencia es que aún está a tiempo de corregir el rumbo antes de que sus consecuencias alcancen una dimensión irreversible.

La experiencia internacional demuestra que, antes de entrar en crisis, los destinos turísticos suelen repetir los mismos errores.

El primero consiste en permitir que la demanda turística crezca más rápido que la capacidad del Estado para gestionarla. Machu Picchu enfrenta desde hace años un debate sobre el número máximo de visitantes que puede recibir sin comprometer su conservación. Sin embargo, establecer límites de aforo resulta insuficiente cuando las decisiones dependen de múltiples instituciones con competencias compartidas y sin una autoridad que coordine de manera integral la gestión del destino. El desafío no radica únicamente en controlar el ingreso de visitantes, sino en garantizar una administración técnica, estable y basada en evidencia.

También resulta problemático concentrar la mayor parte de la actividad turística en unos pocos destinos. En el Perú, ocho de los diez lugares más visitados se encuentran en Cusco, mientras varias regiones aún no recuperan los niveles de visitantes registrados antes de la pandemia. Esta concentración incrementa la presión sobre el patrimonio, limita las oportunidades de desarrollo para otros territorios y aumenta la dependencia económica de un reducido número de atractivos. La experiencia de Venecia en Italia, demuestra que, cuando una ciudad gira casi exclusivamente en torno al turismo, la calidad de vida de sus habitantes termina deteriorándose.

A este problema se añade la planificación basada en información insuficiente. Mientras países como España han invertido en sistemas de inteligencia turística que permiten monitorear los flujos de visitantes y anticipar escenarios, el Perú aún enfrenta importantes desafíos para contar con información estadística actualizada y oportuna. Sin datos confiables, las políticas públicas suelen reaccionar cuando los problemas ya se han instalado.

Otro desafío es la informalidad, asumida con frecuencia como una condición permanente del sector. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la informalidad laboral alcanza el 70,9 % en el país. En el ámbito turístico, esta realidad repercute directamente en la calidad de los servicios, la competitividad y la confianza de los visitantes. Diversos destinos han demostrado que la certificación de operadores y la implementación de estándares nacionales fortalecen tanto la experiencia turística como la sostenibilidad de la actividad.

La gobernanza constituye otra debilidad estructural. Mientras países como Camboya crearon autoridades especializadas para administrar sitios patrimoniales como Angkor Wat, el Perú continúa gestionando Machu Picchu mediante un esquema institucional fragmentado. A ello se suma la ausencia de una Política Nacional de Turismo que articule una visión de largo plazo para el desarrollo del sector.

Del mismo modo, anunciar metas ambiciosas sin definir los mecanismos para alcanzarlas representa un riesgo para cualquier estrategia turística. Incrementar el número de visitantes internacionales puede parecer un indicador de éxito; sin embargo, ese crecimiento solo será sostenible si está acompañado de inversiones en infraestructura, conservación del patrimonio, conectividad, seguridad, capacitación y fortalecimiento institucional. De lo contrario, las metas corren el riesgo de convertirse únicamente en declaraciones de intención.

Aún más importante resulta incorporar a las comunidades locales en el desarrollo de la actividad turística. Cuando quienes viven en los destinos perciben beneficios concretos, se convierten en aliados de la conservación del patrimonio. Cuando ello no ocurre, aumentan los conflictos sociales y disminuye la legitimidad de las políticas públicas. Ruanda constituye un referente al destinar parte de los ingresos generados por sus parques nacionales al desarrollo de las comunidades cercanas. En el Perú, este tipo de mecanismos todavía representa una tarea pendiente.

Paradójicamente, el país reúne condiciones excepcionales para consolidar un turismo sostenible. Cuenta con trece sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, cuarenta y ocho lenguas originarias, una gastronomía reconocida internacionalmente y una actividad que genera alrededor de un millón trescientos mil empleos. Su mayor fortaleza no radica únicamente en la riqueza de sus recursos naturales y culturales, sino también en la posibilidad de convertir esa diversidad en una oferta descentralizada, competitiva y sostenible.

Ningún destino turístico entra en crisis de un día para otro. El deterioro suele ser el resultado de decisiones postergadas, instituciones débiles y modelos de crecimiento que priorizan el incremento del número de visitantes por encima de una planificación responsable. Todos estos errores ya fueron cometidos por otros países y, precisamente por ello, el Perú tiene la oportunidad de aprender de esas experiencias sin asumir los mismos costos.

El verdadero desafío consiste en garantizar que el crecimiento de esta actividad contribuya a conservar el patrimonio, generar oportunidades para las comunidades y proteger los recursos que hacen del Perú un destino único. En última instancia, la diferencia entre un destino sostenible y otro que entra en crisis no depende de la cantidad de visitantes que recibe, sino de la calidad de las decisiones con las que se planifica y gestiona su desarrollo.