El crecimiento desordenado de las ciudades frente al suministro eléctrico

La expansión urbana sin una adecuada planificación genera dificultades para atender la creciente demanda de electricidad y aumenta los riesgos para la población. Afrontar esta problemática requiere un trabajo conjunto entre autoridades, empresas eléctricas y ciudadanos.

Durante los últimos años, hemos observado un importante crecimiento inmobiliario en diferentes regiones del Perú. Encontramos empresas que comercializan terrenos y desarrollan lotizaciones que, en muchos casos, todavía carecen de servicios básicos, entre ellos, la energía eléctrica. A esta situación se suman las ocupaciones informales de terrenos y el crecimiento de nuevas zonas urbanas, cuyos habitantes también necesitan acceder a estos servicios.

Sin embargo, este crecimiento no siempre está acompañado de una adecuada planificación por parte de las autoridades locales, provinciales y regionales. En algunas municipalidades existen limitaciones en la gestión del catastro y en la fiscalización de las construcciones, lo que contribuye a que las ciudades crezcan de manera desordenada.

Esta problemática también afecta a las empresas distribuidoras de electricidad. Se incrementa la demanda de nuevos suministros, aparecen construcciones próximas a las redes existentes, aumentan los riesgos eléctricos y se generan conflictos con la población cuando las solicitudes de nuevos suministros no pueden resolverse de manera inmediata.

¿Qué debemos hacer frente a esta problemática?

Trabajar de manera coordinada con las autoridades, los usuarios y las instituciones relacionadas con el desarrollo urbano.

Las municipalidades deben contar con información actualizada sobre el crecimiento de sus ciudades, mientras que las empresas eléctricas necesitan conocer oportunamente las nuevas zonas de expansión para planificar la demanda y las inversiones que correspondan.

La necesidad de conocer la normativa eléctrica

Uno de los problemas frecuentes es el desconocimiento de las normas que regulan la atención del suministro eléctrico.

La Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante el Decreto Ley N.° 25844, y la Ley General de Electrificación Rural, Ley N.° 28749, establecen marcos legales que deben considerarse para evaluar la atención de nuevas solicitudes y el desarrollo de proyectos de electrificación.

Las empresas distribuidoras tienen obligaciones de atención dentro de sus áreas de concesión, conforme a los requisitos y las condiciones establecidos en la normativa. Fuera de dichas áreas, la atención requiere evaluar los mecanismos legales y técnicos aplicables, incluidos los proyectos de electrificación rural cuando corresponda.

Las construcciones y las distancias mínimas de seguridad

Una situación preocupante se presenta cuando los propietarios construyen sus viviendas con voladizos que invaden la vía pública y se aproximan a las redes eléctricas existentes. Ante esta situación, las concesionarias eléctricas deben adoptar las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad pública y prevenir posibles sanciones por parte del organismo fiscalizador. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿quién debe asumir todos estos costos?

Los conflictos con la población

Es comprensible que las familias necesiten contar con electricidad, considerando su importancia para la educación, la salud, la seguridad y las actividades económicas. Sin embargo, también debemos comprender que la atención de un suministro eléctrico debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente.

Cuando no es factible atender una solicitud, pueden generarse protestas y reclamos por parte de los usuarios. Por ello, es importante que las autoridades y las empresas eléctricas desarrollen actividades de orientación dirigidas a la población, especialmente en las nuevas zonas de expansión urbana.

La importancia de planificar el crecimiento de las ciudades

Para las empresas distribuidoras, disponer de información sobre el crecimiento urbano facilitaría la proyección de la demanda eléctrica, la evaluación de la capacidad de las redes existentes y la organización de los recursos necesarios.

Para avanzar en esta dirección, es necesario impulsar tres acciones:

1. Fortalecer la planificación y la fiscalización municipal, especialmente en las nuevas lotizaciones y construcciones cercanas a instalaciones eléctricas.
2. Mejorar la coordinación entre las autoridades y las empresas distribuidoras.
3. Promover la educación de los ciudadanos.

Estas acciones contribuirían a prevenir accidentes, reducir conflictos y utilizar de manera más eficiente los recursos destinados a la infraestructura eléctrica.

Una responsabilidad que debemos asumir entre todos

El crecimiento de nuestras ciudades es parte del desarrollo económico y social del Perú. Sin embargo, cuando ocurre sin planificación, también genera dificultades que terminan afectando a los ciudadanos y a las instituciones responsables de brindar servicios básicos, como la electricidad.

En el sector eléctrico, estas dificultades se reflejan en el incremento de la demanda, la necesidad de ampliar las redes, el incumplimiento de las distancias mínimas de seguridad y los riesgos que se presentan.

Por ello, necesitamos fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades, las empresas distribuidoras y la población. Frente a esta realidad, debemos preguntarnos: ¿cómo contribuyo al crecimiento planificado, ordenado y seguro de mi ciudad?