¿Está preparado nuestro sistema de salud para enfrentar un Mega Niño?

El Fenómeno de El Niño es parte del sistema climático natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Su ocurrencia actual y futura se desarrolla sobre un planeta cada vez más cálido, con océanos que registran temperaturas superiores a los promedios históricos y con poblaciones urbanas expuestas a mayores riesgos (ENFEN, 2026). Por ello, que el cambio climático puede intensificar sus efectos sobre la salud, la economía y la capacidad de respuesta de los sistemas públicos (OMS, 2021).

El Perú reúne una extensa costa, zonas urbanas asentadas en áreas vulnerables, desigualdades sociales, ecosistemas frágiles y una infraestructura sanitaria que todavía presenta brechas importantes (ENFEN, 2026). En consecuencia, cada evento extremo puede transformarse en una crisis de salud pública, especialmente cuando las lluvias intensas, las inundaciones, el calor extremo, la inseguridad alimentaria y las enfermedades transmitidas por vectores ocurren simultáneamente.

El calentamiento anómalo del mar frente a nuestra costa norte y central puede favorecer lluvias intensas, inundaciones, huaicos, interrupción de carreteras, daños en viviendas y afectación de los servicios básicos como: la contaminación del agua para el consumo humano, interrupción del alcantarillado, proliferación de mosquitos y vectores, incremento de enfermedades diarreicas, respiratorias y de salud mental como la ansiedad, depresión y estrés postraumático, dificultad de acceso a los establecimientos de salud, escases de medicamentos, reducción de los ingresos familiares, incremento el gasto de bolsillo, etc. La Comisión ENFEN señala que las condiciones cálidas del mar frente a la costa peruana generan impactos importantes en los sectores sociales y económicos, particularmente durante el verano (ENFEN, 2026).

La Organización Mundial de la Salud estima que, entre 2030 y 2050, el cambio climático podría causar aproximadamente 250 000 muertes adicionales por año debido a la desnutrición, dengue, leptospirosis, malaria, diarrea y estrés térmico. Además, los costos directos para la salud podrían alcanzar entre 2000 y 4000 millones de dólares anuales hacia 2030, sin incluir los daños en agricultura, agua, saneamiento, vivienda y transporte (OMS, 2021).

Según el Ministerio del Ambiente, el fenómeno de 1982-1983 ocasionó pérdidas aproximadas de 3 283 millones de dólares, mientras que el evento de 1997-1998 produjo daños estimados en 3 500 millones de dólares (Banco Mundial, 20217). Estas cifras representaron aproximadamente el 11,6 % del PBI de1983 y el 6,2 % del PBI de 1998, respectivamente (MINAM, s.f.). El fenómeno ocurrido en el 2017 demostró vulnerabilidad ante las lluvias intensas, huaicos, inundaciones, colapso de viviendas, escuelas, puentes destruidos, carreteras y cientos de establecimientos de salud afectados en distintas regiones del país (MINAM, s. f.).

Al 14 de octubre de 2026, el informe técnico más reciente disponible de la Comisión ENFEN mantiene la vigilancia sobre un episodio de El Niño Costero 2026-2027. Los datos oficiales más recientes indican que el mar peruano presenta un calentamiento muy superior a lo normal. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), menciona que la región Niño 1+2 (calentamiento del mar cercano al Perú) registra una temperatura superficial promedio de 26,50°C presentando una anomalía de +5,76°C respecto a lo normal alcanzando una anomalía máxima reportada en sectores del litoral de +9,03°C (DHN, 19 de octubre). Esto no significa que todos los territorios enfrentarán necesariamente el mismo nivel de lluvias o daños puesto que los pronósticos climáticos expresan probabilidades y no certezas absolutas. Sin embargo, los gobiernos regionales y locales deben activar medidas de prevención, vigilancia epidemiológica, protección de establecimientos da salud en primer nivel de atención y preparación comunitaria.

¿Cómo podría aumentar el costo en la salud pública?

En costo económico vinculado a El Niño y al cambio climático en la salud pública según MINSA (2026), está referido a una serie de contingencias que inician desde la prevención, continuando con el diagnóstico, brindando tratamiento oportuno con la finalidad de alcanzar la rehabilitación, es así que se consideran los siguientes componentes:

1. Costos directos: asumidos por el sistema sanitario los que están comprendidos por los recursos humanos y materiales para atender enfermedades y emergencias en la población afectada como consultas médicas, hospitalizaciones, pruebas diagnósticas, medicamentos, campañas de vacunación, fumigación y reposición de infraestructura o equipos dañados. Durante una epidemia o desastre, estos gastos pueden aumentar rápidamente y obligar al Estado a reasignar recursos de otros programas de salud.
2. Costos indirectos: asumidos por las familias y la economía de bolsillo afectando hogares donde las personas enfermas dejan de trabajar o estudiar y la familia asume labores de cuidado, transporte y compra de medicamentos significando endeudamiento, venta de inmuebles o abandono temporal de la actividad económica. A nivel nacional, la pérdida de productividad puede reducir el crecimiento económico y aumentar la demanda de programas sociales.
3. Daños a la infraestructura sanitaria: corresponde a los hospitales y centros de salud ubicados en zonas inundables pueden quedar inutilizados precisamente cuando la población necesita más atención. Así también, la interrupción del agua, electricidad, comunicaciones y transporte pueden impedir el funcionamiento normal de los servicios. Por esta razón, se recomienda que los establecimientos de salud deben ser seguros, deben contar con respaldo eléctrico, reservas de agua, almacenamiento adecuado de medicamentos, establecer rutas de evacuación y planes de continuidad operativa.
4. Costos de oportunidad: consiste en el desvío de los presupuestos de salud hacia la atención de emergencias reduciendo los fondos asignados a otros programas como por ejemplo programas de inmunizaciones, control de cáncer, salud materna y prevención de enfermedades crónicas. En este sentido, la falta de prevención genera una doble carga para el Estado porque debe gastar más durante la emergencia y al mismo tiempo, posterga inversiones que podrían disminuir la vulnerabilidad futura.

Desde la salud pública, el principal aprendizaje es que la respuesta no puede centrarse únicamente en la emergencia. La recuperación posterior suele ser costosa y lenta, ocasionando que muchas familias queden expuestas a enfermedades, pérdidas de ingresos, inseguridad alimentaria y deterioro de su salud mental durante meses o años.

La evidencia histórica demuestra que el Perú ya ha pagado alto precio económico por el Niño Costero, trabajar sobre la prevención es el principal llamado a la acción. En ese sentido, se debe incorporar la salud en todas las políticas climáticas considerando vivienda, transporte, agua, agricultura, energía y planificación urbana evaluando sus efectos sobre la salud. La prevención climática no puede ser responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud; se requiere coordinación con los gobiernos regionales, municipios, SENAMHI, ENFEN, MINAM, educación, agricultura y protección social (BMJ Global Healt, 2026).

Asimismo, fortalecer la vigilancia epidemiológica y los sistemas de alerta temprana integrando pronósticos climáticos, vigilancia de dengue, malaria, enfermedades diarreicas, golpes de calor y salud mental. Proteger a las poblaciones más vulnerables como a los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, pueblos indígenas, personas con discapacidad, trabajadores expuestos al calor y familias en situación de pobreza (Takahashi et al, 2025).

Prepararse para El Niño Costero significa invertir hoy en salud pública, ciencia, prevención y justicia social. La pregunta no es si el próximo evento generará impactos, sino ¿Cuánto daño estaremos dispuestos a evitar antes de que ocurra?