De la experiencia curricular a la experiencia práctica
La formación universitaria necesita ir más allá de la transmisión de conceptos, normas y procedimientos, y acercar al estudiante a los problemas que se viven en el territorio. Esto resulta especialmente urgente en materia de cambio climático y gestión del riesgo, cuyas consecuencias afectan derechos fundamentales, recursos naturales, ordenamiento territorial, responsabilidades institucionales y participación ciudadana. Con ese propósito, la experiencia curricular Cambio Climático y Gestión de Riesgos de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo - campus Tarapoto incorporó las Brigadas Jurídicas para la Acción Climática, una estrategia que conecta lo aprendido en el aula con situaciones ambientales y sociales de la región San Martín.
En los dos últimos semestres participaron más de 48 brigadas de estudiantes de Derecho, que realizaron acciones de sensibilización en instituciones educativas, organizaciones sociales y comunitarias, entidades públicas y privadas, y otros espacios ciudadanos. Solo en el semestre 2026-II se organizaron 24 brigadas con 120 estudiantes y se proyecta alcanzar a unos 840 beneficiarios directos. Las intervenciones trataron la variabilidad climática, las lluvias intensas, las inundaciones, el aumento de las temperaturas, la degradación de ecosistemas, las quemas de bosque, los recursos hídricos y la ocupación de zonas expuestas, y relacionaron estos temas con los derechos ambientales, la prevención del riesgo y la responsabilidad de las autoridades.
El escenario climático actual de San Martín confirma la pertinencia de esta experiencia. El 5 de octubre de 2026, la estación Bellavista registró una temperatura máxima de 40,4 °C (Agencia Peruana de Noticias Andina, 2026), y Picota y Pachiza alcanzaron los 40 °C (Orellana, 2026). En Tarapoto, las temperaturas oscilaron entre 37 y 38 °C (Orellana, 2026), es decir, entre 4 y 5 °C por encima de la temperatura normal de octubre para la ciudad, que es de 32,9 °C, según SENAMHI. El aviso de dicho servicio asoció estas condiciones con una menor cobertura de nubes al mediodía y una elevada radiación ultravioleta (Ahora, 2026). Se trata de condiciones que estudiantes y comunidades experimentan a diario, lo que permite abordar los contenidos de la asignatura desde la vivencia cotidiana y no solo desde el texto normativo.
A este contexto se suma la evolución de El Niño. El ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y, en su Comunicado Oficial N.° 18-2026, del 16 de octubre, prevé una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y recomienda acciones de preparación ante peligros inminentes. Por su parte, el Centro de Predicción Climática de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, según sus siglas en inglés) indicó el 8 de octubre que El Niño continúa fortaleciéndose y que es probable que alcance una intensidad de fuerte a muy fuerte hasta enero-marzo de 2027, con una probabilidad superior al 83 %. Conviene precisar que la alerta del ENFEN corresponde al calentamiento del mar frente al Perú, cuyos mayores efectos pluviales se proyectan en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental. Para la Amazonía, el SENAMHI advierte la posibilidad de sequías en algunos ámbitos (Vidal, 2026). Estos escenarios deben leerse, entonces, como riesgos que deben vigilarse en la selva alta y no como predicciones locales ni como causa directa del calor registrado en octubre. Aun así, ofrecen una oportunidad concreta para que la formación jurídica examine los efectos territoriales, sociales e institucionales de las temperaturas extremas, la disponibilidad de agua, los incendios forestales, la salud, las actividades productivas y la gestión preventiva del riesgo.
Todo ello se articula con la investigación formativa que los estudiantes desarrollan en esta experiencia curricular. Los problemas identificados durante las intervenciones pueden convertirse en el punto de partida para formular preguntas de investigación, definir variables, delimitar poblaciones, detectar vacíos de conocimiento y revisar la literatura científica al respecto. La contaminación hídrica, la pérdida de cobertura forestal, el ruido, la vulnerabilidad socioambiental, los residuos sólidos, el acceso a la justicia ambiental, la tutela jurídica de los recursos naturales y el cumplimiento normativo dejan así de ser temas elegidos desde el aula y pasan a ser problemas observados en contextos reales, que exigen un análisis sistemático y sustento científico.
La investigación formativa adquiere, de este modo, un carácter situado: el estudiante observa una problemática, contrasta sus primeras impresiones con la evidencia, reconoce sus implicancias jurídicas y construye progresivamente su objeto de estudio. Cachay Chonlon y Gonzales Soto (2024), en el contexto universitario peruano, sostienen que la investigación formativa desarrolla capacidades de observación, análisis, argumentación y construcción de conocimiento, y que permite al estudiante participar activamente en procesos investigativos desde su formación profesional. Esta idea es coherente con las brigadas, pues el trabajo territorial proporciona experiencias concretas que luego pueden problematizarse mediante procedimientos académicos.
En el ámbito internacional, Rodríguez-Zurita et al. (2024) hallaron que el aprendizaje-servicio y la participación comunitaria fortalecen el vínculo entre la educación superior, la sostenibilidad y las necesidades sociales, sobre todo cuando el currículo se articula con problemas reales y con los ODS. Desde esta perspectiva, la brigada jurídica es más que una actividad de sensibilización: es un espacio donde confluyen aprendizaje, servicio comunitario e investigación. De hecho, el proyecto institucional previó que las brigadas elaboraran diagnósticos breves, registraran evidencias, analizaran resultados y sistematizaran la experiencia como parte de procesos posteriores.
La intervención comunitaria también obliga a traducir el conocimiento especializado a un lenguaje accesible y de fácil comprensión. Los estudiantes deben seleccionar información confiable, interpretar normas, reconocer las competencias de cada institución y adaptar el mensaje a escolares, jóvenes, trabajadores, comerciantes, organizaciones sociales o servidores públicos. Con ello fortalecen su comunicación jurídica, su argumentación, su observación y su análisis, y, además, reúnen insumos para investigaciones futuras. Las preguntas de los participantes, las situaciones detectadas en los diagnósticos y las particularidades de cada territorio pueden revelar problemas poco estudiados y orientar investigaciones sobre la realidad amazónica.
Las Brigadas Jurídicas para la Acción Climática permiten, por tanto, reunir tres procesos que habitualmente se desarrollan por separado: docencia, investigación formativa y responsabilidad social universitaria. Las altas temperaturas registradas en San Martín y la evolución climática prevista para 2026-2027 ofrecen un contexto concreto para analizar problemas ambientales desde el derecho, sin perder de vista su dimensión científica, social e incluso económica. La práctica adquiere valor académico cuando la experiencia vivida se convierte en una pregunta, la cual conduce a la búsqueda de evidencia y esa evidencia permite comprender mejor el problema observado. En ese recorrido, el estudiante no solo recibe contenidos, sino que aprende a mirar el territorio con criterios de investigación y responsabilidad profesional.
