Leía en un medio la aparente declaración del premier Aníbal Torres, en la que opinaba sobre el cierre del Tribunal Constitucional, y hemos sentido desconcierto ante la propuesta de tan reconocido profesional del derecho. Consideramos que el problema no está en la existencia del Tribunal Constitucional, el que fue creado con la finalidad de defender la Constitución y cautelar los intereses públicos antes que los particulares. Lo analizamos en las aulas universitarias en más de una ocasión y siempre sostenemos que para que el Tribunal Constitucional cumpla eficientemente con su misión, es necesario cambiar el mecanismo de elección de sus miembros, el cual se realiza por el Congreso de la República, poder del Estado que decide la suerte de quienes, habiendo superado las rigurosas evaluaciones previas, dependen exclusivamente de una entrevista para formar parte de este colegiado. Mientras esto continúe, lamentablemente la independencia que supone debe tener este organismo estará cuestionado por cuanto muy posiblemente algunos de sus fallos terminarán privilegiando mezquinamente intereses políticos ocultos, escondidos detrás de tan importante elección.El Congreso de la República no debe tener injerencia alguna en la elección de estos magistrados, y esto por una lógica elemental teniendo en consideración que, por ejemplo, para ser magistrados del Poder Judicial no hay intervención parlamentaria en el proceso de nombramiento pues se entiende que ambos poderes deben ser autónomos. ¿Y si ello es así, entonces por qué no podemos hacer uso de esa misma lógica? ¿Cuál es el interés del Legislativo de seguir eligiendo a estos magistrados? ¿Qué tan independientes podemos asegurar que sean sus decisiones? Hemos tenido a lo largo de la historia fallos constitucionales desprovistos de criterios discrecionales válidos al resolver una controversia, generando la obvia preocupación de la ciudadanía, que a la fecha no confía en la importancia de su labor. Como fuere, es necesario reformular el sistema de nombramiento a través de instituciones que puedan garantizar la postulación de profesionales probos, así como los mecanismos imparciales de evaluación cognitiva y ética que generen confianza, como para encargarles tan crucial ejercicio constitucional. La participación activa de los gremios de abogados, de las mismas universidades, entre otras instituciones, podrían limpiar el camino hacia una elección y nombramiento lo suficientemente sobria, transparente y legal, que permita avizorar la presencia de un verdadero órgano de justicia constitucional que esté a la altura de las circunstancias y al servicio de la sociedad. Humilde opinión.
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